La Vivienda. Un derecho postergado ¿Hasta cuándo?

Por: Esther Álvarez Estrada

Presidenta de CENCA

Los problemas de la vivienda y de acceso al suelo se grafican al recorrer Lima, caracterizada por ser una ciudad dispersa con asentamientos humanos que ocupan ilegalmente terrenos cada vez más alejados, inaccesibles e inadecuados. Existen más de 600 asentamientos en zonas de riesgo, laderas de cerros o márgenes de ríos, de difícil acceso hasta para servicios básicos como agua, electrificación y que decir de las viviendas, totalmente precarias de madera, barro y plásticos, etc.

Esta forma de vivir trae problemas respiratorios, gastrointestinales, niños desnutridos y demás; situaciones que vulneran diversos derechos fundamentales como a la vivienda adecuada y digna, al agua, a la salud, a la educación, entre otros. Si están asentados sobre terrenos de propiedad privada, el problema se agudiza más, pues, a todo lo señalado anteriormente, las familias viven en la inseguridad jurídica y con la amenaza de que puedan ser desalojados en algunos casos.

Pero las instituciones competentes como las municipalidades provinciales y distritales, a pesar de estar obligadas constitucionalmente y por sus propias leyes orgánicas a resolver estos problemas; sin embargo, no tienen políticas de acceso al suelo y la vivienda, dejando su manejo a una serie de entidades como COFOPRI y otros. Las regiones igualmente no establecen políticas de vivienda pese a tener competencias establecidas en la Ley de Gobiernos Regionales.

Incluso en el propio marco constitucional actual, a diferencia del texto del 79, no considera el derecho a la vivienda y menos el interés social como causal de expropiación, a pesar de que nuestro Estado ha suscrito la Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 25, y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 11, que obliga al Gobierno nacional a respetar, proteger y cumplir con concretizar este derecho humano fundamental.

En conclusión, no existen políticas de Estado de acceso al suelo y vivienda social, en la práctica se impone una visión de ciudad dispersa, caótica y polarizada, que no obedece a un proceso de desarrollo planificado, dejando que el mercado resuelva el problema de la tierra y el hábitat, siendo las poblaciones, que ocupan cada vez peores espacios y menos accesibles e inadecuados, quienes más sufren y que en muchos casos con su trabajo ganan en los cerros un lugar para vivir.

Es necesario establecer una nueva legislación constitucional que positivice el derecho al suelo y la vivienda, que dote al Estado de instrumentos legales para el establecimiento de políticas donde prime un presupuesto de corte social y de carácter descentralizado, con el cual con voluntad política los gobiernos regionales y locales asuman su rol fundamental en el encaramiento integral del problema del suelo, la vivienda social y el desarrollo de las ciudades.