Por: Mario Amoretti Pachas
Profesor de Derecho Penal y Procesal Penal de la U.N.MS.M.
En estos últimos días con gran preocupación verificamos que las principales autoridades policiales han manifestado públicamente que para el clásico se ha destinado 8,500 miembros de dicha institución, sin embargo, cuando se trata de combatir la delincuencia violenta- que se incrementa en forma constante-, verificamos que los miembros policiales brillan por su ausencia. Además, después de producida la muerte de Paola Vargas, los medios de comunicación nos recreaban con videos, fotos de participación de barristas, pandilleros atacando a personas – robos agravados -, bienes públicos y privados, pero hasta donde tenemos conocimiento las autoridades – fiscales y policía -, no han realizado acción alguna para prevenir hechos delictivos perpetrado por estos jóvenes, a quienes una vez identificados, deben investigarlos, denunciarlos y sancionarlos, luego de encontrarlos culpables, sobre todo cuando las imágenes demuestran que están cometiendo delitos, sin tener la condición de delito flagrante, pues en el momento en que estuvieron ejecutando tales actos si lo era y debieron ser detenidos por la policía, que está facultado de acuerdo a la Constitución.
Profesor de Derecho Penal y Procesal Penal de la U.N.MS.M.
En estos últimos días con gran preocupación verificamos que las principales autoridades policiales han manifestado públicamente que para el clásico se ha destinado 8,500 miembros de dicha institución, sin embargo, cuando se trata de combatir la delincuencia violenta- que se incrementa en forma constante-, verificamos que los miembros policiales brillan por su ausencia. Además, después de producida la muerte de Paola Vargas, los medios de comunicación nos recreaban con videos, fotos de participación de barristas, pandilleros atacando a personas – robos agravados -, bienes públicos y privados, pero hasta donde tenemos conocimiento las autoridades – fiscales y policía -, no han realizado acción alguna para prevenir hechos delictivos perpetrado por estos jóvenes, a quienes una vez identificados, deben investigarlos, denunciarlos y sancionarlos, luego de encontrarlos culpables, sobre todo cuando las imágenes demuestran que están cometiendo delitos, sin tener la condición de delito flagrante, pues en el momento en que estuvieron ejecutando tales actos si lo era y debieron ser detenidos por la policía, que está facultado de acuerdo a la Constitución.
Otra situación, que concita la atención pública, es que en nuestro país hace décadas que se ha perdido el principio de autoridad, conforme se corrobora con lo que sucede de manera cotidiana, esto es, ante los reclamos de grupo de pobladores, quienes para conseguir su objetivo se llega a la comisión de delitos.
Pero, lo más grave, es que las autoridades políticas son convocadas para «dialogar» con lo que han perpetrado una serie de actos delictivos, comprobando que al término del mismo, no solamente ceden a lo que reclaman sino que se comprometen a no denunciar a los que actuaron violentamente para conseguir su objetivo.
Cada gobierno de turno ante los reclamos sociales y políticos, únicamente, se han limitado a agravar las penas mediante modificaciones al Código penal y al final no se aplican. En julio de 2007 se aprobaron Decretos Legislativos- algunos de ellos inconstitucionales-, pese a que el Congreso de la República están obligados a verificar su revisión no lo han hecho; tal es el caso, que uno de ellos exonera de responsabilidad penal al «Personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que en cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria cause lesiones o muerte», lo que es un exceso; además de variar los conceptos del delito de extorsión. Asimismo, verificamos que en lo que respecta al delito contra la libertad sexual, las medicaciones que se han verificado no tiene sustento lógico ni jurídico, máxime por las consecuencias que acarrea, lo que ha motivado que las Salas penales de la Corte Suprema, haya llevado a cabo un pleno con la finalidad de subsanar en parte este gravitante problema.
Ahora que se avecina una nueva contienda electoral – como sucede siempre-, algunos congresistas, se han de esmerar en presentar proyectos de leyes, modificando nuestro ordenamiento penal y procesal, muchos de ellos incoherentes y contradictorios con los existentes, como los que se han verificado en estos últimos meses, bajo el pretexto .de combatir «los delitos menores» o convertir «las faltas en delitos», originando titulares en los medios recomunicación, cuando la sanción para las sustracciones - mediante arrebato-, de carteras, celulares, relojes, sino media violencia o amenaza contra la persona o víctima, es hurto agravado y en este tipo de delito no se toma en cuenta el monto de lo sustraído, como si sucede en el hurto simple, cuyo valor debe superar un sueldo mínimo, sin embargo, sirvió para publicitar esta supuesta modificación.
A modo de conclusión, es necesario que nuestras autoridades lleven a cabo medidas preventivas, verifiquen investigaciones y luego apliquen las sanciones a quienes encuentren responsables de actos ilícitos, a fin de que se evite el incremento de la delincuencia violenta y que los ciudadanos tengamos seguridad ciudadana, lo que en verdad no sucede en nuestro país, por eso cabe sostener: basta ya, de leyes absurdas y que se apliquen las existentes, que son bastantes drásticas para la represión de actos delictivos considerados como peligrosos.
